Lunes, 01 de Septiembre de 2014
Hay más de 40 mineras con conflictos sociales

Antamina y Southern acumulan la mayor cantidad. La mayoría de los casos están relacionados a temas de contaminación ambiental y uso del agua.


En las últimas semanas, nuevamente se han puesto de manifiesto los conflictos sociales entre las mineras y las comunidades en el interior del país, algunos debido a disputas por el agua, otros por oposición a cualquier proyecto minero, y también hay casos de falta de un adecuado diálogo por parte de las empresas.

La Defensoría del Pueblo tiene registrados en enero 53 casos de denuncias por parte de comunidades y pobladores por conflictos sociales de carácter medioambiental con mineras en el país, siendo Cajamarca (10) y Áncash (5) los departamentos que concentran la mayor cantidad.


Del total de conflictos, Compañía Antamina (Áncash) y Southern (en Arequipa, Tacna y Apurímac) tienen la mayor cantidad de denuncias acumuladas, con cuatro casos para cada una de ellas.


Las denunciadas


En total, hay 43 empresas mineras y cuatro organizaciones de minería informal que se encuentran denunciadas ante la Defensoría del Pueblo. Del total de casos, en 27 tanto las mineras como las comunidades afectadas no han realizado diálogo alguno para solucionar sus diferencias en temas medioambientales.


Asimismo, Minera Majaz (Piura) y Minera Raura (Huánuco) tienen conflictos con diálogos suspendidos.


Las causas


Del total de denuncias registradas por la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los casos están relacionados a temas de contaminación ambiental en las áreas de influencia y bombeo de agua en zonas intangibles, alegando que afectan el desempeño de actividades como el turismo o la ganadería alpaquera (28 denuncias en total).


Las denuncias también cuestionan la apropiación o expropiación de terrenos que pretenden explotar las empresas mineras, alegando que estas no han logrado acuerdo con las comunidades para el uso de esos terrenos.


También se presentan casos de poblados que denuncian los trámites que realizan las empresas mineras en lo que se refiere a la exploración y explotación de espacios. Esto ocurre para Southern en Islay y Newmont en Tacna.

En menor proporción, se tienen casos que afectan el desarrollo de la comunidad. Aquí se cuenta el caso de Minera Majaz, las denuncias de la población que quedaron con el saldo de varias personas fallecidas y el desentendimiento entre la empresa y la comunidad.


También se registran denuncias relacionadas a la solicitud de infraestructura, como represas, sistemas de agua y plantas concentradoras.


cifras

934.08 millones de soles recibió Áncash por canon minero el año pasado.

554.57 millones de soles recibió Arequipa por canon minero durante el 2009.
398.38 millones de soles fueron los ingresos que obtuvo Moquegua por canon minero en el 2009.


263.02 millones de soles fue el canon minero que recibió Puno durante el año pasado.

Falta saber si denuncias son fundadas


Un tema que esta pendiente es saber los resultados de las denuncias efectuadas, cuántas resultan fundadas y en esos casos aplicar la ley, informó Xennia Forno, presidenta del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía (Indemipe).

"Solo generando confianza en las empresas mineras y en las autoridades que les otorgan los permisos y las fiscalizan, se podrá ir avanzando en este tema que retrasa inversiones e impide conciliar intereses comunes, como son el desarrollo de una región", comentó.


Además, persiste una percepción de que la actividad minera ya de por si trae problemas ambientales, y esta mirada ha calado en la opinión de la mayoría de comunidades nativas o campesinas u ONG.


"Esta percepción origina que los proyectos mineros, sin haberse iniciado, ya cuenten con objeciones. Es más, en algunos casos ni siquiera se permite la presentación del proyecto", añadió.

 

Fuente: Diario Gestión Pág. 3

 
 
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